La soberanía alimentaria del país se encuentra en grave riesgo ante la posible aprobación, en la Asamblea Nacional, de la Ley Orgánica de Protección Animal, o Ley Orgánica Animal (LOA) propuesta por la Defensoría del Pueblo. Este proyecto de ley recoge los postulados de grupos animalistas que pretenden imponer el veganismo como doctrina de vida a la que todos deberían suscribirse, guste o no, advierte la Asociación de Productores de Alimentos Balanceados (APROBAL).

Las organizaciones animalistas que están detrás de la ley, por supuesto lo niegan. Sin embargo, sus postulados en contra de los sistemas de producción de aves, cerdos y ganado, mismos que ya han sido aprobados y refrendados por la Organización Mundial de Salud Animal (OMSA), con sede en Francia, y de la cual Ecuador es signatario, así lo demuestran.

Establecer una normativa para precautelar la salud y el bienestar de los animales es loable. Lo que no es razonable, ni posible, además de ser atentatorio contra nuestra soberanía alimentaria, es buscar equiparar los parámetros de bienestar de un animal silvestre con los de una mascota o con los de animales de producción.

Tampoco es razonable considerar, como se lo hace en esta ley, que la exhibición en un mercado, supermercado o restaurante, de un pollo, cerdo, cangrejo o cuy crudo o asado es insensible, condenable y por lo tanto un acto merecedor de sanción. No se nos puede obligar a que adoptemos patrones de pensamiento ajenos a nuestra cultura.

El bienestar y la salud de los animales es fundamental en los sistemas de producción. No existe ninguna especie que se críe satisfactoriamente y produzca bien, huevos, leche, miel o carne, si no está bien cuidada y alimentada. Por lo tanto, la principal preocupación de los cientos de miles de ecuatorianos que viven de la producción de alimentos de origen animal, es el bienestar de sus animales.

En este sentido, el creer que el espacio del que disponen las gallinas ponedoras, los pollos de engorde o los cerdos es insuficiente, es un error. Los sistemas de producción actuales son el resultado de más de un siglo de investigaciones que aseguran que las especies respectivas se desarrollen de la mejor manera, con comodidad y libres de estrés con los espacios que actualmente se manejan las unidades de producción. Sólo así se podrá alimentar a la sociedad ofreciéndole la mejor calidad de proteína al menor precio posible.

En el Ecuador existe un 27% de niños menores de dos años con desnutrición infantil precisamente por haber carecido de suficientes proteínas como huevos, leche y carnes, así como de carbohidratos, vitaminas y minerales. Mientras la cubeta de 15 huevos convencionales cuesta $2,20, una cubeta de sólo 12 huevos de gallinas libres cuesta $7,10.

Está comprobado, por ejemplo, y así sucedió en nuestro país en el 2022 y 2023, que las epidemias de influenza aviar altamente patógena (IAAP) se transmiten de las aves migratorias a las aves de corral que se encuentran libres cuando las primeras llegan infectadas y abrevan o se aproximan a las segundas. Más del 90% de los brotes de IAAP detectados por Agrocalidad, institución que logró controlarlos exitosamente mediante la vacunación de las granjas avícolas alrededor de ellos, ocurrió en aves de traspatio, o sea de corral, es decir, en gallinas y patos sueltos.

Las gallinas ponedoras y los pollos de engorde, que estuvieron ubicados en instalaciones cerradas, se mantuvieron a salvo. Sucede lo mismo con los cerdos de engorde. El riesgo de contraer enfermedades devastadoras como la peste porcina africana, se incrementa exponencialmente en la medida en que haya cerdos sueltos, ferales o de traspatio. Pues sucede que esta ley pretende prohibir las vacunas y aboga por que los animales estén sueltos.

Afectar a la cadena de proteína animal mediante regulaciones injustificadas desde lo técnico y científico, causará el encarecimiento de la producción, la reducción del consumo de proteínas animales y el agravamiento de la desnutrición de la población ecuatoriana. Más aún, al afectar la producción animal se afecta también a los productores de maíz, principal alimento de pollos, gallinas y cerdos.

Por último, es Agrocalidad, organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería, quien de acuerdo a la Ley de Sanidad Animal Artículos 12 y 13, el único ente nacional encargado de la regulación y control de la sanidad y bienestar animal. Agrocalidad recoge las normas internacionales de bienestar y salud animal establecidas por la OMSA. Esto es lógico, conveniente, internacionalmente nos permite exportar carne de pollo y cerdo y de mucha significación en cuanto a la uniformidad y seguridad jurídicas necesarias para generar inversiones.

Sin embargo, la ley que está presentando la Defensoría del Pueblo incluye la propuesta de que sean los GAD los que regulen, cada uno según su criterio, el marco legal para la producción animal. Difícilmente se podría pensar en algo que genere más caos normativo y desinversión en la producción de alimentos de origen animal, que esta absurda disposición. Basta imaginar a cada cantón del país emitiendo sus propias normas para la cría de pollos, cerdos y ganado. Un ABSURDO con mayúscula que solo complicaría el desarrollo de la producción pecuaria.

Aprobal hace un serio llamado a los legisladores de la Asamblea Nacional para que no permitan la aprobación y puesta en vigencia de una ley que no va a beneficiar al pueblo ecuatoriano y que sólo busca imponer la ideología de una minoría, ajena a nuestra realidad y cultura, por sobre el bienestar y la seguridad alimentaria de la mayoría de ciudadanos.